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Alerta Normativo | Grandes Fortunas: Proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario

El pasado 18 de noviembre, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de ley para la creación del “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, conocido como el "Impuesto a las Grandes Fortunas" (el “IGF”).
viernes, 20 de noviembre de 2020 · 10:07

El proyecto original tuvo modificaciones significativas durante el tratamiento en comisión pero continúan existiendo aspectos objetables en virtud de los cuales los contribuyentes podrían cuestionar su aplicación.

A continuación un breve resumen del IGF y de sus principales debilidades y objeciones:
 
Aspectos Generales del IGF
 
Se contemplan tres categorías de contribuyentes:
Personas humanas y sucesiones indivisas, residentes fiscales en Argentina, que tengan bienes, en Argentina y en el exterior, por valores superiores a los AR$ 200.000.000.
Personas humanas de nacionalidad argentina que residan en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación y cuenten con bienes superiores a los AR$ 200.000.000. Respecto de estos contribuyentes, no se aclara que ese monto debe corresponder a bienes ubicados en el país.
Personas humanas y sucesiones indivisas, residentes fiscales del exterior, que tengan en Argentina bienes valuados en más de AR$ 200.000.000.
De lo anterior cabe destacar en primer lugar que los bienes sujetos al impuesto serán aquellos existentes a la fecha de entrada en vigencia de la norma (es decir, luego de aprobado el proyecto por la Cámara de Senadores y publicada en el Boletín Oficial).

Ahora bien, se contempla la posibilidad de que AFIP reclame el IGF a aquellos contribuyentes que se hubieran desprendido de bienes dentro de los 180 días previos a la sanción del impuesto mediante operaciones que hicieran presumir un ardid elusivo o tendientes a eludir el pago del IGF.  Es decir, que aquellas transferencias de activos a título gratuito ocurridas luego de junio podrían ser objetadas por el fisco, ante lo cual el contribuyente podría defenderse acreditando objetivos extra fiscales para justificar el desprendimiento.
Por otra parte, la valuación de los bienes debe realizarse de acuerdo con los criterios establecidos para liquidar el "Impuesto Sobre los Bienes Personales". A modo de ejemplo, los inmuebles deben valuarse de acuerdo con su valor fiscal (determinado por los fiscos provinciales), los activos financieros por valor de cotización y las acciones de sociedades cerradas en función del valor patrimonial proporcional (patrimonio neto) de la entidad en la que se participa. Al respecto destacamos que si bien el IGF pretende gravar los bienes existentes al momento de la sanción de la ley remite para su valuación a las normas del Impuesto sobre los Bienes Personales que, por su parte,  toman como momento de referencia los valores vigentes del 31 de diciembre previo. Es decir, que en muchos conceptos se estaría frente a cotizaciones que reflejan valores registrados 11 meses previos.
Adicionalmente destacamos que el monto de AR$ 200.000.000 es un mínimo exento. Así, quienes sean titulares de bienes por valores superiores deberán abonar el IGF por el total de los mismos y no sólo por la diferencia. Al momento de definir la base de imposición el contribuyente deberá incorporar los bienes aportados a trust, fideicomisos, fundaciones de interés privado y otras entidades sin personalidad fiscal. Si bien no se aclara expresamente, consideramos que los aportes formulados a trusts irrevocables deberían quedar fuera del alcance por cuanto ha existido un desprendimiento irrevocable sobre la titularidad de esos activos. 
Finalmente, se contemplan alícuotas que oscilan entre el 2% y el 3,5% para los activos localizados en el país y entre el 3% y el 5,25% para aquellos ubicados en el exterior.
 
POSIBLES OBJECIONES AL IGF
 
Existen pocos y antiguos antecedentes en Argentina donde se haya cuestionado exitosamente la aplicación de impuestos patrimoniales como lo es el IGF. Sin embargo, dependiendo cada caso particular podría verificarse la afectación de diversos principios constitucionales:
1) Violación del principio de no confiscatoriedad. Si bien la jurisprudencia se ha centrado principalmente en determinar variables de confiscatoriedad en los impuestos sobre la renta o las ganancias. Ahora bien, el racional de esos antecedentes indica que son inconstitucionales aquellos impuestos que absorben una parte sustancial de la renta o del capital. Dicho esto, deberá analizarse caso por caso si las alícuotas aplicables consumen la rentabilidad de los bienes gravados, lo cual no sería una situación extraordinaria dado el nivel de imposición y considerando además que en muchos casos los bienes ya estuvieron gravados por el Impuesto sobre los Bienes Personales.
2) Aplicación retroactiva y afectación de derechos adquiridos. Esta excepción estará disponible principalmente para aquellos contribuyentes que hayan perdido su residencia fiscal entre el 31/12/2019 y la entrada en vigencia del IGF. También resultará aplicable para los contribuyentes que hubieran dispuesto de sus activos dentro de los 180 días previos a la entrada en vigencia del IGF.
3) Falta de capacidad contributiva. Respecto de aquellos contribuyentes que hubieran transferido sus activos y a quienes AFIP reclamara el IGF. 
 A modo de corolario, reiteramos que la afectación de principios constitucionales dependerá de cada caso siendo determinante la composición del patrimonio y de la situación personal de cada contribuyente,  así como las pruebas que pueda acompañar el contribuyente para acreditar la afectación de sus derechos constitucionales

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